During September 2026, Peru recorded new incidents of violence and threats against journalists.
On the night of 17 September, journalist and director of the digital outlet La Lupa, Kenny Yucra, was threatened with death in the Ica region, a coastal region in southern Peru. The threat came from an unknown number via WhatsApp and consisted of two videos showing a firearm and simulating the act of shooting him. In parallel, a legal complaint had been filed against Yucra by a regional candidate. La Lupa is known for investigating cases of corruption and human rights violations involving public authorities or candidates.
On 22 September, in the province of Nasca, also in the Ica region, journalists Adrián Sarria and photographer César Zamalloa, from the weekly newspaper Hildebrandt en sus trece, were intimidated by gunshots fired by private security guards wearing insignia allegedly identifying them as personnel of an agribusiness company, near the Chauchilla cemetery. The journalists were conducting an investigation together with the archaeological site’s caretaker into the damage caused by illegal mining in the protected area of the Nasca Lines, where a ranch belonging to the aforementioned agribusiness company also operates. The security guards refused to identify themselves when police officers arrived at the site to document the incident.
September also saw the murder of Susy Isabel Aponte Polo, a journalist and candidate for the regional government of Áncash, during a campaign event. Although the motives for her murder remain unclear, it is alleged that the case involved a contract killing. If it is established that the murder was related to her journalistic work, it would constitute one of the most serious acts of violence against journalists recorded so far this year.
The Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) reported all these cases as alerts involving violations of press freedom. Likewise, the Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) published them among its news reports. According to statements by Yucra to La República, these two organizations, together with the Red de Medios Regionales del Perú, have supported him in the process of seeking access to justice.
Durante el mes de septiembre de 2026, Perú registró nuevos casos de violencia y amenazas contra periodistas.
La noche del 17 de septiembre, el periodista y director del medio digital La Lupa, Kenny Yucra, fue amenazado de muerte en la región de Ica, una región costera del sur de Perú. La amenaza llegó desde un número desconocido a través de WhatsApp y consistió en dos vídeos en los que se mostraba un arma de fuego y se simulaba el acto de dispararle. Paralelamente, un candidato regional había presentado una denuncia contra Yucra. La Lupa es conocida por investigar casos de corrupción y violaciones de los derechos humanos en los que están implicadas autoridades públicas o candidatos.
El 22 de septiembre, en la provincia de Nasca, también en la región de Ica, los periodistas Adrián Sarria y el fotógrafo César Zamalloa, del semanario Hildebrandt en sus trece, fueron intimidados con disparos realizados por guardias de seguridad privados que llevaban insignias que, al parecer, los identificaban como personal de una empresa agroindustrial, cerca del cementerio de Chauchilla. Los periodistas estaban llevando a cabo una investigación, junto con el guardián del yacimiento arqueológico, sobre los daños causados por la minería ilegal en el área protegida de las Líneas de Nasca, donde también opera una finca perteneciente a la citada empresa agroindustrial. Los guardias de seguridad se negaron a identificarse cuando los agentes de policía llegaron al lugar para documentar el incidente.
En septiembre también se produjo el asesinato de Susy Isabel Aponte Polo, periodista y candidata al gobierno regional de Áncash, durante un acto de campaña. Aunque los motivos de su asesinato siguen sin estar claros, se sospecha que se trata de un asesinato por encargo. Si se determina que el asesinato estuvo relacionado con su labor periodística, constituiría uno de los actos de violencia más graves contra periodistas registrados en lo que va de año.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) denunció todos estos casos como alertas relacionadas con violaciones de la libertad de prensa. Asimismo, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) los publicó entre sus noticias. Según las declaraciones de Yucra a La República, estas dos organizaciones, junto con la Red de Medios Regionales del Perú, le han prestado su apoyo en el proceso de búsqueda de acceso a la justicia.