On 7 July 206 members of Congress from the National Libertarian Party, the Republican Party, and National Renewal introduced the “Listen to Her Heartbeat” bill (Bill 18419-11), which would require doctors to offer women seeking abortions under the three legal grounds (rape, fetal inviability, or risk to the mother’s life) the option of listening to the embryo’s heartbeat electronically. The bill stipulates that if a woman refuses this option, the doctor must refuse to perform the abortion.
The bill has generated widespread condemnation from civil society organizations specializing in sexual and reproductive rights, former ministers, the Chilean Medical Association, and other healthcare professionals, who describe the initiative as another form of obstetric violence that could exacerbate the suffering of already vulnerable women and girls. The Circle of Studies on International Human Rights Law points out that the bill’s rationale directly contradicts Chile’s obligations to protect women from violence and discrimination in the healthcare sector.
Meanwhile, more than 50 civil society organizations, along with feminist groups, have called for a national protest in various cities across the country. They are also concerned that the initiative spearheaded by Congressman Cristobal Urruticoechea has already passed its first constitutional hurdle, in a context where the committees that will review the bill in the future are controlled by the ruling party.
El 7 de julio de 2026, miembros del Congreso pertenecientes al Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano y Renovación Nacional presentaron el proyecto de ley “Escucha los Latidos de su Corazón“ (Boletín N.º 18419-11), que obligaría a los médicos a ofrecer a las mujeres que soliciten un aborto bajo las tres causales legales (violación, inviabilidad fetal o riesgo para la vida de la madre) la posibilidad de escuchar electrónicamente el latido cardíaco del embrión. El proyecto establece que, si la mujer rechaza esta opción, el médico deberá abstenerse de realizar el aborto.
La iniciativa ha generado un amplio rechazo por parte de organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos sexuales y reproductivos, exministras, el Colegio Médico de Chile y otros profesionales de la salud, quienes la califican como una nueva forma de violencia obstétrica que podría agravar el sufrimiento de mujeres y niñas que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad. El Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos sostiene que la fundamentación del proyecto contradice directamente las obligaciones internacionales de Chile de proteger a las mujeres frente a la violencia y la discriminación en el ámbito de la atención sanitaria.
Mientras tanto, más de 50 organizaciones de la sociedad civil, junto con colectivos feministas, han convocado a una protesta nacional en diversas ciudades del país. Asimismo, expresan preocupación porque la iniciativa, impulsada por el diputado Cristóbal Urruticoechea, ya superó su primer trámite constitucional, en un contexto en el que las comisiones que revisarán el proyecto en las siguientes etapas están controladas por el oficialismo.