On 12 August, police officers were reported to have fired shots amid social protests over rising fuel prices in the Amazonian region of Ucayali. The violence reportedly occurred after some protesters set fire to a municipal warehouse in Pucallpa, the regional capital. Children were present in the area where the shots were fired, although it has not been specified whether they were accompanying their relatives as part of the protest or were residents of the area.
The protest over fuel prices began on 10 August with a transport workers’ strike in Ucayali, after regular fuel prices increased by approximately PEN 4 per gallon, while the price of diesel has doubled since March. Rising fuel prices in the Amazonian regions, particularly in areas where river transport is the main means of transportation, have resulted in severe disconnection between urban centers and rural areas, leading to shortages and/or increased prices of food and a higher overall cost of living. On 11 August, the strike escalated, with representatives of other unions and students from the National University of Ucayali joining the protest with their respective demands. Organizations such as the National Human Rights Coordinator and Amnesty International Peru issued statements condemning the acts of violence reported on 12 August.
On 13 August, Néstor Paiva, an Epicentro TV correspondent in Pucallpa, was assaulted while covering the protests over rising fuel prices. On 14 August, the National Association of Journalists of Peru issued a statement condemning the attack, as well as the assault against journalist Mery Ramirez while covering the protests.
The situation was further compounded by a complaint filed by the Federation of Native Communities of the Pisqui River Basin (FECOIRP) and the Regional Organization of the Indigenous Peoples of the Peruvian Amazon – Ucayali (ORAU) concerning the bombing of a runway at the airfield serving the Charashmanan Indigenous Community on 11 August. Although no direct perpetrators have been identified, the Ministry of the Interior is responsible, through the police, for eradication operations in the area. FECOIRP and ORAU maintain that any operation that may affect Indigenous territories should be coordinated in advance with their organizations and should ensure the effective participation of Indigenous Peoples. Congresswoman Ruth Luque called on the Ministry to clarify the circumstances surrounding the incident through her social media accounts. The airfield was used to transport sick people and respond to emergencies, leaving the community particularly vulnerable.
The protests over fuel prices have continued to spread to other regions, including Arequipa, Loreto, and Tacna. In the Amazonas region, Awajún Indigenous communities in Wawas have also launched an indefinite strike and blocked a highway to demand the resumption of stalled education infrastructure projects and the construction of a pedestrian bridge that was destroyed more than a year ago.
El 12 de agosto, se informó que agentes de policía dispararon en medio de protestas sociales por el aumento de los precios de los combustibles en la región amazónica de Ucayali. Según los informes, la violencia se produjo después de que algunos manifestantes incendiaran un almacén municipal en Pucallpa, la capital regional. Había niños presentes en la zona donde se realizaron los disparos, aunque no se ha especificado si acompañaban a sus familiares como parte de la protesta o si eran residentes de la zona.
La protesta por los precios de los combustibles comenzó el 10 de agosto con una huelga de trabajadores del transporte en Ucayali, después de que los precios de los combustibles comunes aumentaran aproximadamente 4 PEN por galón, mientras que el precio del diésel se ha duplicado desde marzo. El aumento de los precios de los combustibles en las regiones amazónicas, particularmente en áreas donde el transporte fluvial es el principal medio de transporte, ha provocado una grave desconexión entre los centros urbanos y las zonas rurales, lo que ha llevado a la escasez y/o al aumento de los precios de los alimentos y a un mayor costo de vida en general. El 11 de agosto, la huelga se intensificó, y representantes de otros sindicatos y estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali se unieron a la protesta con sus respectivas demandas. Organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional Perú emitieron comunicados condenando los actos de violencia reportados el 12 de agosto.
El 13 de agosto, Néstor Paiva, corresponsal de Epicentro TV en Pucallpa, fue agredido mientras cubría las protestas por el aumento de los precios de los combustibles. El 14 de agosto, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú emitió un comunicado condenando el ataque, así como la agresión contra la periodista Mery Ramírez mientras cubría las protestas.
La situación se agravó aún más por una denuncia presentada por la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Río Pisqui (FECOIRP) y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana – Ucayali (ORAU) en relación con el bombardeo de una pista de aterrizaje en el aeródromo que da servicio a la Comunidad Indígena de Charashmanan el 11 de agosto. Aunque no se ha identificado a los autores directos, el Ministerio del Interior es responsable, a través de la policía, de las operaciones de erradicación en la zona. La FECOIRP y la ORAU sostienen que cualquier operación que pueda afectar a los territorios indígenas debe coordinarse con anticipación con sus organizaciones y debe garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas. La diputada Ruth Luque instó al Ministerio a aclarar las circunstancias del incidente a través de sus cuentas en redes sociales. El aeródromo se utilizaba para transportar a personas enfermas y responder a emergencias, lo que dejó a la comunidad particularmente vulnerable.
Las protestas por los precios del combustible han seguido extendiéndose a otras regiones, entre ellas Arequipa, Loreto y Tacna. En la región de Amazonas, las comunidades indígenas Awajún de Wawas también han iniciado una huelga indefinida y han bloqueado una carretera para exigir la reanudación de los proyectos de infraestructura educativa paralizados y la construcción de un puente peatonal que fue destruido hace más de un año.