The Ministry of Public Security (MINSEG) formalised the creation of the Intelligence and Counterintelligence School through Resolution No. 122 of 28 May 2026, published in the Official Gazette on 16 June. According to the resolution, the school’s objective is to train personnel from state security institutions in intelligence and counterintelligence to address emerging threats, including cybercrime, hybrid terrorism and disinformation operations.
The school will operate as an internal technical and operational centre under the National Directorate for Education of the National Aeronaval Service (SENAN). The development raises concerns due to the ambiguity of key terms used in the resolution. In particular, the concept of “disinformation operations” is broad and could potentially be interpreted to include critical reporting by journalists or advocacy by social movements under the guise of addressing security threats. This creates a grey area that may facilitate the criminalisation of dissent and contribute to self-censorship within a media environment already constrained by hostile political rhetoric.
There is a risk that intelligence and counterintelligence capabilities could be deployed not only against criminal actors but also against civil society groups that challenge government policies. Authorities could use it to justify repressive responses to protests and the use of surveillance technologies against citizens, further weakening democratic safeguards. The institutionalisation of these capabilities under broadly defined mandates may erode public trust in state institutions and restrict opportunities for dialogue, contributing to an environment of increased state control.
The publication of the resolution in the Official Gazette marks the operational launch of this new structure. Without effective oversight and accountability mechanisms, there is a risk that it could expand state surveillance of political opponents, journalists and civil society actors.
El Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG) formalizó la creación de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia mediante la Resolución n.º 122, de 28 de mayo de 2026, publicada en el Boletín Oficial el 16 de junio. Según la resolución, el objetivo de la escuela es formar al personal de las instituciones de seguridad del Estado en materia de inteligencia y contrainteligencia para hacer frente a las amenazas emergentes, entre las que se incluyen la ciberdelincuencia, el terrorismo híbrido y las operaciones de desinformación.
La escuela funcionará como un centro técnico y operativo interno dependiente de la Dirección Nacional de Educación del Servicio Aeronaval Nacional (SENAN). Esta medida suscita inquietud debido a la ambigüedad de los términos clave utilizados en la resolución. En particular, el concepto de «operaciones de desinformación» es amplio y podría interpretarse de tal manera que incluyera los reportajes críticos de los periodistas o la defensa de causas por parte de movimientos sociales, con el pretexto de hacer frente a amenazas a la seguridad. Esto crea una zona gris que podría facilitar la criminalización de la disidencia y contribuir a la autocensura en un entorno mediático ya de por sí limitado por una retórica política hostil.
Existe el riesgo de que las capacidades de inteligencia y contrainteligencia se utilicen no solo contra actores delictivos, sino también contra grupos de la sociedad civil que cuestionen las políticas gubernamentales. Las autoridades podrían recurrir a ellas para justificar respuestas represivas ante las protestas y el uso de tecnologías de vigilancia contra los ciudadanos, lo que debilitaría aún más las garantías democráticas. La institucionalización de estas capacidades en el marco de mandatos definidos de forma amplia puede erosionar la confianza pública en las instituciones estatales y restringir las oportunidades de diálogo, lo que contribuye a crear un entorno de mayor control estatal.
La publicación de la resolución en el Boletín Oficial marca la puesta en marcha operativa de esta nueva estructura. Sin mecanismos eficaces de supervisión y rendición de cuentas, existe el riesgo de que se amplíe la vigilancia estatal sobre los opositores políticos, los periodistas y los actores de la sociedad civil.