On 24 September 2026, the Senate of the Nation passed into law the reform of the Cold Zone Regime by 38 votes in favor and 8 against. The new regulation reverses the territorial expansion of the energy cost subsidy regime, approved in 2021 through Law 27,637, and concentrates the general benefit in Patagonia, the Puna and Malargüe, in Mendoza. For the localities incorporated in 2021, access to the subsidy is conditioned by criteria of socioeconomic vulnerability.
The reform has a specific impact on civil society organizations. Law 27,637 had expressly incorporated public welfare entities, civil associations and community kitchens into the regime, recognizing discounts of up to 50% on the full tariff tables. The new regulation eliminates this benefit for numerous organizations located in territories now excluded from the expanded regime, which directly translates into fewer resources available to sustain food, care, education, disability and community support services.
The affected organizations work in many cases with vulnerable populations, and the structural increase in energy costs may imply reductions in hours, quotas, activities or benefits. Before the sanction, social and consumer organizations from Santa Fe, Mendoza and Córdoba promoted signature campaigns for the Senate to reject the reform; the two senators from Mendoza present voted against. After the sanction, legal actions against the new regime were announced in Mendoza.
The pending regulation and the definition of the eligibility criteria for public good entities in the excluded areas will determine the real extent of the impact: this stage of implementation constitutes the most relevant moment for monitoring.
La reforma del Régimen de Zona Fría incrementa los costos energéticos de organizaciones de la sociedad civil y deteriora las condiciones materiales para el sostenimiento de servicios comunitarios esenciales
El 24 de septiembre de 2026, el Senado de la Nación convirtió en ley la reforma del Régimen de Zona Fría por 38 votos a favor y 8 en contra. La nueva norma revierte la ampliación territorial del régimen de subsidios al costo de la energía aprobada en 2021 mediante la Ley 27.637 y concentra el beneficio general en la Patagonia, la Puna y Malargüe, en Mendoza. Para las localidades incorporadas en 2021, el acceso al subsidio queda condicionado a criterios de vulnerabilidad socioeconómica.
La reforma tiene un impacto específico sobre organizaciones de la sociedad civil. La Ley 27.637 había incorporado expresamente al régimen a entidades de bien público, asociaciones civiles y comedores comunitarios, reconociéndoles descuentos de hasta el 50% sobre los cuadros tarifarios plenos. La nueva norma elimina ese beneficio para numerosas organizaciones ubicadas en territorios ahora excluidos del régimen ampliado, lo que se traduce directamente en menos recursos disponibles para sostener servicios de alimentación, cuidado, educación, discapacidad y acompañamiento comunitario.
Las organizaciones afectadas trabajan en muchos casos con poblaciones en situación de vulnerabilidad, y el aumento estructural del costo energético puede implicar reducciones de horarios, cupos, actividades o prestaciones. Antes de la sanción, organizaciones sociales y de consumidores de Santa Fe, Mendoza y Córdoba impulsaron campañas de firmas para que el Senado rechazara la reforma; los dos senadores mendocinos presentes votaron en contra. Tras la sanción, en Mendoza se anunciaron acciones judiciales contra el nuevo régimen.
La reglamentación pendiente y la definición de los criterios de elegibilidad para entidades de bien público en las zonas excluidas determinará el alcance real del impacto: esta etapa de implementación constituye el momento más relevante para el monitoreo.