In August 2026, the Chilean Medical Association (Colegio Médico) and a coalition of citizen, environmental, academic, and territorial organizations launched an open letter addressed to the Minister of the Environment, Francisca Toledo, demanding the return to the Comptroller’s Office (Contraloría) of two environmental decrees that update air-quality standards and emission limits for thermoelectric plants.
The decrees in question are D.S. No. 3/2026, which revises the Primary Air Quality Standard for fine particulate matter (PM2.5), and D.S. No. 8/2025, which updates the Emission Standard for Thermoelectric Plants. Both instruments had already been approved by the Council of Ministers for Sustainability and Climate Change but remained pending final review by the Comptroller after the Ministry of the Environment withdrew a set of 43 environmental decrees on 12 March 2026.
The organizations warn that the delay in publishing these norms has avoidable health costs. According to the impact analysis of the new PM2.5 standard, its implementation would prevent 14,660 premature deaths between 2026 and 2035 (approximately 1,466 per year), as well as thousands of hospitalizations and emergency visits for asthma. The campaign seeks to gather endorsements from individuals and organizations to politically pressure the urgent reinstatement of both decrees.
Campaña de la sociedad civil para reactivar los decretos sobre calidad del aire y las normas de emisiones de las centrales termoeléctricas en Chile
En agosto de 2026, el Colegio Médico de Chile y una coalición de organizaciones ciudadanas, ambientales, académicas y territoriales lanzaron una carta abierta dirigida a la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, en la que exigieron la devolución a la Contraloría General de la República de dos decretos ambientales que actualizan las normas de calidad del aire y los límites de emisiones aplicables a las centrales termoeléctricas.
Los decretos en cuestión son el D.S. N.º 3/2026, que revisa la Norma Primaria de Calidad Ambiental para material particulado fino (PM2,5), y el D.S. N.º 8/2025, que actualiza la Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas. Ambos instrumentos ya habían sido aprobados por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, pero permanecían pendientes de la revisión final de la Contraloría, después de que el Ministerio del Medio Ambiente retirara un conjunto de 43 decretos ambientales el 12 de marzo de 2026.
Las organizaciones advierten que el retraso en la publicación de estas normas genera costos evitables para la salud. Según el análisis de impacto de la nueva norma sobre PM2,5, su implementación permitiría evitar 14.660 muertes prematuras entre 2026 y 2035 —aproximadamente 1.466 al año—, además de miles de hospitalizaciones y consultas de urgencia por asma. La campaña busca reunir adhesiones de personas y organizaciones para ejercer presión política a favor de la restitución urgente de ambos decretos.