Event Summary
On 1 September 2025, the Argentine government announced that it will not present its candidacy for membership of the United Nations Human Rights Council, breaking with a tradition of more than four decades of active participation in this multilateral body.
Various human rights organizations and unions described the decision as a historic setback and a weakening of the State’s policy on Memory, Truth and Justice. While Argentina will continue to be bound by the international human rights treaties it has ratified, its absence from the Council implies a loss of influence in key debates and votes and adds to other signs of multilateral retraction, such as the decision to withdraw from the World Health Organization.
The measure is framed in a context of official discourses critical of the international human rights system and multilateralism in general. In his speech to the UN General Assembly in September 2024, President Javier Milei accused the UN of imposing an “ideological agenda” on its members and promoting systematic violations of freedom during the 2020 global quarantines, going so far as to suggest that these should be considered crimes against humanity. He also questioned the 2030 Agenda for Sustainable Development, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) and the inclusion of countries such as Cuba and Venezuela in the Human Rights Council, framing these bodies within what he called an “ideological agenda.”
These statements reinforce a climate of intolerance and delegitimization of international human rights organizations, with direct implications for Argentine civil society. Social organizations have requested hearings with the UN Human Rights Council and the IACHR regarding the attacks received in terms of labor rights, the operation of community kitchens and the violation of the rights of indigenous peoples (Convention 169 of the International Labor Organization – ILO). However, the Argentine government’s decision not to appear at the Council reduces the spaces for advocacy and international cooperation for civil society organizations (CSOs). Added to this is the obstruction or reduction of technical and financial assistance projects of agencies of the United Nations system since the arrival to power of the administration of La Libertad Avanza in December 2023.
This diplomatic setback constitutes a deterioration of the environment. While this is a foreign policy decision, the combination of withdrawal from multilateral spaces, anti-UN hate speech, and reduced CSO access to international technical and financial cooperation has worrying spillover effects on Principle 5 of the EU SEE methodology: public culture and discourse on civil society. In particular, it weakens international cooperation and erodes the ability of Argentine CSOs to influence multilateral forums and defend an enabling environment for civil society.
Argentina — El gobierno decide no postularse al Consejo de Derechos Humanos de la ONUEl 1 de septiembre de 2025, el Gobierno argentino anunció que no presentará su candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, rompiendo con una tradición de más de cuatro décadas de participación activa en este órgano multilateral.
Diversas organizaciones de derechos humanos y sindicatos calificaron la decisión como un retroceso histórico y un debilitamiento de la política de Estado en materia de Memoria, Verdad y Justicia. Si bien Argentina seguirá obligada por los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado, su ausencia en el Consejo implica pérdida de influencia en debates y votaciones clave y se suma a otras señales de retracción multilateral, como la decisión de retirarse de la Organización Mundial de la Salud.
La medida se enmarca en un contexto de discursos oficiales críticos hacia el sistema internacional de derechos humanos y hacia el multilateralismo en general. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2024, el presidente Javier Milei acusó a la ONU de imponer una “agenda ideológica” a sus miembros y de promover violaciones sistemáticas a la libertad durante las cuarentenas globales de 2020, llegando a sugerir que estas deberían ser consideradas crímenes de lesa humanidad. Asimismo, cuestionó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la inclusión de países como Cuba y Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos, enmarcando estos organismos dentro de lo que denominó una “agenda ideológica”.
Estas declaraciones refuerzan un clima de intolerancia y de deslegitimación hacia los organismos internacionales de derechos humanos, con implicaciones directas para la sociedad civil argentina. Organizaciones sociales han solicitado audiencias con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y con la CIDH frente a los ataques recibidos en materia de derechos laborales, el funcionamiento de comedores comunitarios y la violación de los derechos de los pueblos indígenas (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT). Sin embargo, la decisión del gobierno argentino de no presentarse al Consejo reduce los espacios de incidencia y cooperación internacional para las organizaciones de la sociedad civil (OSC). A ello se suma la obstrucción o reducción de proyectos de asistencia técnica y financiera de agencias del sistema de Naciones Unidas desde la llegada al poder de la administración de La Libertad Avanza en diciembre de 2023.
Este retroceso diplomático constituye un deterioro del entorno. Si bien se trata de una decisión de política exterior, la combinación de retirada de espacios multilaterales, discursos de odio contra la ONU y la reducción del acceso de las OSC a cooperación técnica y financiera internacional tiene efectos indirectos preocupantes sobre el Principio 5 de la metodología EU SEE: cultura pública y discursos sobre la sociedad civil. En particular, debilita la cooperación internacional y erosiona la capacidad de las OSC argentinas para incidir en foros multilaterales y defender un entorno habilitante para la sociedad civil.