On 18 August 2026, the police was arrested Hugo Soria Flores, one of the timber businessmen convicted of the murder of the four Ashéninka leaders—Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez, and Francisco Pinedo Ramírez—in the emblematic Saweto case. The four leaders were killed in September 2014.
An international arrest warrant had been issued against Soria Flores in connection with the murder of the environmental defenders. In addition, the Ministry of Interior’s (MININTER) Rewards Programme offered S/50 000 (14 800 USD) for information leading to his whereabouts. Soria Flores is the second person convicted in the Saweto case to be arrested, following José Carlos Estrada Huayta, who was arrested in May 2026 in Campoverde.
The arrest was positively received by civil society actors, with Proética recognising the arrest as an important step in addressing impunity. Meanwhile, the National Human Rights Coordinator (CNDDHH) called for the sentence to be effectively enforced and for protection to be provided to the victims’ families.
Another significant development occurred on August 25, when the Third National Collegiate Criminal Court of the Superior National Court of Specialized Criminal Justice issued a conviction against four defendants in the case concerning the murder of Apu Inuma Alvarado, a Kichwa leader from the Santa Rosillo de Yanayacu community in the San Martín region, who was killed on November 29, 2023. The court sentenced the defendants to between 15 and 35 years in prison and ordered them to pay S/1 million (296 004 USD) in civil damages to the families of Inuma and Axeldina Barbarán Tapullima, who survived the attack.
That same day, the United Nations Human Rights Office in Peru welcomed the ruling. The CNDDHH likewise recognized the decision as a significant development.
The perception of impunity in cases involving the killings of Indigenous environmental defenders remains very high in Peru. Against this backdrop, the progress made in these cases during August is particularly significant, as it establishes positive precedents for victims and bereaved families who continue to seek justice.
El 18 de agosto de 2026, la policía detuvo a Hugo Soria Flores, uno de los empresarios madereros condenados por el asesinato de los cuatro líderes ashéninka —Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez— en el emblemático caso Saweto. Los cuatro líderes fueron asesinados en septiembre de 2014.
Se había emitido una orden de aprehensión internacional contra Soria Flores en relación con el asesinato de los defensores del medio ambiente. Además, el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (MININTER) ofrecía S/50 000 (14 800 USD) a cambio de información que permitiera localizarlo. Soria Flores es la segunda persona condenada en el caso Saweto en ser detenida, después de José Carlos Estrada Huayta, quien fue detenido en mayo de 2026 en Campoverde.
La detención fue recibida positivamente por actores de la sociedad civil; Proética reconoció la detención como un paso importante para combatir la impunidad. Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) pidió que se ejecute efectivamente la sentencia y que se brinde protección a las familias de las víctimas.
Otro hecho significativo ocurrió el 25 de agosto, cuando la Tercera Sala Colegiada Penal de la Corte Nacional Superior de Justicia Penal Especializada dictó una sentencia condenatoria contra cuatro acusados en el caso del asesinato de Apu Inuma Alvarado, un líder kichwa de la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu, en la región de San Martín, quien fue asesinado el 29 de noviembre de 2023. El tribunal condenó a los acusados a penas de entre 15 y 35 años de prisión y les ordenó pagar S/1 millón (296 004 USD) en concepto de daños y perjuicios civiles a las familias de Inuma y de Axeldina Barbarán Tapullima, quien sobrevivió al ataque.
Ese mismo día, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Perú celebró el fallo. La CNDDHH también reconoció la decisión como un avance significativo.
La percepción de impunidad en los casos relacionados con los asesinatos de defensores ambientales indígenas sigue siendo muy alta en Perú. En este contexto, los avances logrados en estos casos durante el mes de agosto son particularmente significativos, ya que establecen precedentes positivos para las víctimas y las familias en duelo que continúan buscando justicia.