Mexico

In 2025, the enabling environment for civil society in Mexico has continued to weaken, shaped by institutional reforms, restrictive legislation, and heightened risks for activists and organisations. Civic freedoms remain under pressure: the CIVICUS Monitor rated Mexico’s civic space as repressive (2.6 in 2024, likely lower for 2025), with persistent violence against journalists, human rights defenders, environmental activists, and searching mothers—two of whom were murdered this year. In July, Congress approved reforms expanding surveillance powers and creating the “Central Intelligence Platform” connected to the “National Information System” and “ Central Identity Platform”, enabling real-time monitoring without safeguards. The dissolution of the National Institute for Transparency (INAI) and Coneval has further restricted access to information, while tax reforms increased administrative burdens for authorised CSOs.

Despite these deteriorations, opportunities for resilience persist. Local initiatives such as Quintana Roo Participa expanded mechanisms for consultation and participatory budgeting, while alliances like Sumar para Transformar demonstrated the potential of collaborative philanthropy to strengthen child and youth care organisations. Civil society continues to innovate through grassroots organising, community resistance, and youth-led civic education efforts like Juventud Actúa MX, highlighting areas of democratic renewal.

The most concerning trend is the consolidation of a centralised governance model that concentrates power in the Executive and ruling party, restricts dialogue with civil society, and promotes stigmatising narratives. These developments undermine trust, limit participation, and threaten fundamental rights.

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Snapshots

Country snapshots capture the current state of the enabling environment for civil society and provide a quick overview of significant events and trends that have occurred over the past 4 months. Click on a component in the timeline to see the corresponding Enabling Environment Snapshot.

Alerts

The Early Warning Mechanism documents changes and critical trends in the enabling environment for civil society. The mechanism works by information-gathering work focusing on events that impact the enabling environment. The EU SEE consortium assess these events to trigger alerts indicating a downward or upward trend in the enabling environment.

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Seguridad, gobernabilidad y entorno habilitante: efectos tras los recientes operativos en México

El 22 de febrero de 2026, fuerzas federales mexicanas abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes (“El Mencho”), líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo realizado en Jalisco. Tras el anuncio, se registró una reacción violenta  coordinada por parte del cartel que incluyó bloqueos carreteros y paralización de actividades en distintos puntos del país. Los hechos tuvieron especial resonancia internacional debido a que Guadalajara la capital de esta entidad, una de las principales ciudades afectadas, será sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026. 

Más allá del impacto en seguridad pública, el episodio tiene implicaciones directas en el entorno habilitante para la sociedad civil. La violencia generalizada restringió temporalmente la libre circulación y alteró la vida cotidiana. Asimismo, en contextos donde el crimen organizado mantiene presencia territorial, este tipo de eventos suele profundizar dinámicas de autocensura entre medios locales, periodistas, defensoras y organizaciones comunitarias, debilitando la acción ciudadana. 

Además, el episodio ha alimentado procesos de desinformación y tensiones en redes sociales, complicando la confianza pública en torno a la respuesta estatal ante grupos criminales y la seguridad ciudadana. 

En el plano institucional, la posibilidad de una mayor militarización de la seguridad pública, sin mecanismos sólidos de supervisión civil, plantea riesgos adicionales para el equilibrio entre seguridad y libertades cívicas. Al mismo tiempo, la atención internacional generada por los hechos en un momento previo a un evento deportivo global incide en la percepción externa sobre la gobernabilidad democrática en México y las constantes tensiones con el gobierno de EUA respecto al tema de seguridad. 

En conjunto, este evento representa en este gobierno un hito en la confrontación entre el Estado y el crimen organizado, además de un punto que puede afectar estructuralmente el entorno para la participación ciudadana y la confianza en las instituciones democráticas durante este año.

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Reforma electoral 2026: un proceso en construcción bajo un entorno de consenso frágil y participación ciudadana limitada.
Durante enero de 2026, la presidencia de la república avanzó en la construcción de una propuesta de reforma electoral que será presentada al Congreso a mediados de febrero. La iniciativa se discute en un contexto de alta polarización política y tensiones internas dentro de la coalición gobernante, quienes no han logrado consensuar aún el contenido final del proyecto.Desde el Ejecutivo, la presidenta ha señalado que la reforma busca fortalecer la democracia, ampliar la participación ciudadana y reducir costos del sistema electoral. Funcionarios como la secretaria de Gobernación, han afirmado que existen diálogos en curso con los partidos aliados y que se cuenta ya con un primer borrador. No obstante, liderazgos legislativos han reconocido públicamente que, sin acuerdos políticos amplios, la iniciativa podría no prosperar.En esta iniciativa han surgido propuestas sensibles, como la reducción o eliminación de diputaciones y senadurías de representación proporcional (plurinominales) ajustes al financiamiento de los partidos y cambios en la arquitectura institucional del sistema electoral. Estas discusiones han generado preocupación entre especialistas y organizaciones de la sociedad civil (OSC), que advierten la escasa evidencia de una consulta ciudadana amplia, así como riesgos para el pluralismo político, la autonomía de las autoridades electorales y un posible retroceso en los mecanismos de participación ciudadana y en el impulso de los derechos político-electorales en los que han colaborado activamente.Declaraciones del representante de la Comisión Presidencial para esta reforma, como “un órgano administrativo como el INE no puede ser autónomo”, han encendido alertas sobre un posible debilitamiento de la independencia de la autoridad electoral. El Instituto Nacional Electoral (INE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar las elecciones federales, supervisar a los partidos políticos y garantizar la integridad y equidad de los procesos electorales en México.Aunque la iniciativa aún no ha sido formalmente presentada, el proceso se perfila como una reforma impulsada en un entorno de consenso político frágil, participación ciudadana limitada y señales preocupantes sobre el futuro del sistema electoral en México.

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