Between September and October 2026, at least two criminal proceedings were initiated in Chile concerning social-media posts allegedly directed at President José Antonio Kast. In Linares, a 17-year-old student was detained by the PDI’s Cybercrime Brigade and Robbery Brigade as part of a Public Prosecutor’s investigation into alleged threats. On 31 October, the Linares Guarantee Court declared the detention unlawful; nevertheless, the prosecution formalised charges, and the adolescent was released without precautionary measures, with the investigation due to conclude in early 2027.
In Chillán, a 22-year-old woman was detained after Meta alerted the PDI to alleged death threats against the President on Instagram. She was formally charged with threatening a public authority, although the court declined to impose precautionary measures and scheduled a reparative-agreement hearing for 15 January 2027. Together, these cases have reopened public debate on the proportionality of state responses, digital-content monitoring, the privacy of communications (including closed groups) and the limits of cooperation between private platforms and law-enforcement agencies.
Entre septiembre y octubre de 2026, se iniciaron en Chile al menos dos procedimientos penales relacionados con publicaciones en redes sociales presuntamente dirigidas contra el presidente José Antonio Kast. En Linares, un estudiante de 17 años fue detenido por la Brigada del Cibercrimen y la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una investigación de la Fiscalía por presuntas amenazas. El 31 de octubre, el Juzgado de Garantía de Linares declaró ilegal la detención. No obstante, la Fiscalía formalizó la investigación y el adolescente quedó en libertad, sin que se decretaran medidas cautelares. Se prevé que la investigación concluya a principios de 2027.
En Chillán, una mujer de 22 años fue detenida después de que Meta alertara a la PDI sobre presuntas amenazas de muerte contra el presidente publicadas en Instagram. La mujer fue formalmente imputada por el delito de amenazas contra la autoridad pública, aunque el tribunal decidió no imponer medidas cautelares y fijó una audiencia para explorar un acuerdo reparatorio el 15 de enero de 2027.
En conjunto, ambos casos han reabierto el debate público sobre la proporcionalidad de las respuestas del Estado, la vigilancia de los contenidos digitales, la privacidad de las comunicaciones (incluidos los grupos cerrados) y los límites de la colaboración entre las plataformas privadas y las fuerzas y cuerpos de seguridad.