On 16 October 2026, the Environmental Assessment Service (SEA) of Chile’s Metropolitan Region ruled that the “Data Center Cerrillos” project, promoted by Inversiones y Servicios Dataluna Ltda., a Google subsidiary, does not need to enter the Environmental Impact Assessment System (SEIA). The decision responded to a relevance inquiry submitted by the company on 29 July 2026.
The project includes a site of approximately 23 hectares, 32,412 square metres of built space in four phases, 44 diesel generators with a combined capacity of 120.25 MW, 63 air-cooled refrigeration units, and a 110 kV electricity connection of approximately 400 metres. The SEA concluded that the declared diesel storage of 814,000 litres—equivalent to 695.9 tonnes—was below the 1,000-tonne threshold, and that the power line did not exceed the two-kilometre requirement under current regulations.
Civil Society Organisations OLCA and MOSACAT, denounced that the decision ignored their technical and legal submissions, prevented the public participation associated with environmental assessment, and facilitates the installation of large-scale infrastructure without an integrated assessment of its impacts on water, health, territory, wetlands and ecosystems. Both organisations announced administrative, judicial and territorial-mobilisation actions to challenge the ruling.
El 16 de octubre de 2026, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región Metropolitana de Chile resolvió que el proyecto «Data Center Cerrillos», promovido por Inversiones y Servicios Dataluna Ltda., filial de Google, no necesita ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La decisión respondió a una consulta de pertinencia presentada por la empresa el 29 de julio de 2026.
El proyecto contempla un terreno de aproximadamente 23 hectáreas, una superficie construida de 32.412 metros cuadrados distribuidos en cuatro fases, 44 generadores diésel con una potencia conjunta de 120,25 MW, 63 unidades de refrigeración por aire y una conexión eléctrica de 110 kV de aproximadamente 400 metros. El SEA concluyó que el almacenamiento de diésel declarado, de 814.000 litros (equivalentes a 695,9 toneladas), se encontraba por debajo del umbral de 1.000 toneladas y que la línea eléctrica no superaba el requisito de dos kilómetros establecido en la normativa vigente.
Las organizaciones de la sociedad civil OLCA y MOSACAT denunciaron que la decisión ignoraba sus observaciones técnicas y jurídicas, impedía la participación ciudadana vinculada a la evaluación ambiental y facilitaba la instalación de infraestructuras de gran escala sin una evaluación integral de sus impactos sobre el agua, la salud, el territorio, los humedales y los ecosistemas. Ambas organizaciones anunciaron que emprenderían acciones administrativas, judiciales y de movilización territorial para impugnar la resolución.