On 19 October 2026, the Chilenean government submitted a bill to Congress on an urgent basis that profoundly reforms the National Institute of Human Rights (INDH). The bill eliminates the INDH’s authority to file criminal complaints and reduces its Council from 11 to 5 members. The elimination of the authority to file criminal complaints and the planned reduction in the number of attorneys in the protection unit (estimated at 70%) could weaken the INDH’s ability to support and initiate legal proceedings in response to human rights violations.
The financial report also calls for a 50% reduction in staff at regional offices within a year and a half, in conjunction with a territorial reorganization. This could affect the INDH’s institutional presence in areas where there are greater gaps in access to justice, protection of rights, and support for vulnerable individuals and communities.
The reform also modifies the composition and appointment process of the Council, with two members proposed by the President from a list drawn up by civil society organizations, two by the Chamber of Deputies, two by the Senate, and one by deans of law schools.
El Gobierno de Chile presenta una reforma legal del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que restringe sus facultades para emprender acciones judiciales
El 19 de octubre de 2026, el Gobierno chileno presentó ante el Congreso, con carácter de urgencia, un proyecto de ley que reforma profundamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). El proyecto elimina la facultad del INDH de presentar querellas penales y reduce su Consejo de 11 a 5 integrantes. La eliminación de la facultad de presentar querellas penales y la reducción prevista del número de abogados de la unidad de protección (estimada en un 70 %) podrían debilitar la capacidad del INDH para apoyar e iniciar procedimientos judiciales en respuesta a violaciones de los derechos humanos.
El informe financiero también contempla una reducción del 50 % de la dotación de personal de las oficinas regionales en un plazo de un año y medio, junto con una reorganización territorial. Esto podría afectar la presencia institucional del INDH en zonas donde existen mayores brechas en el acceso a la justicia, la protección de los derechos y el apoyo a personas y comunidades vulnerables.
La reforma también modifica la composición del Consejo y el proceso de designación de sus integrantes: dos miembros serán propuestos por el Presidente a partir de una lista elaborada por organizaciones de la sociedad civil, dos por la Cámara de Diputadas y Diputados, dos por el Senado y uno por los decanos de las facultades de Derecho.