In early September 2026, Military Police Prosecutor’s Office No. 6 opened preliminary investigation into the death of a 17-year-old teenager while in police custody at the Manchay Police Station. The so-called Manchay case was already under investigation by the ordinary justice system as a suspected homicide, led by the Second Corporate Supraprovincial Prosecutor’s Office Specialised in Human Rights and Counterterrorism. The involvement of the military jurisdiction poses a risk to the continuity of this investigation, which is now investigating “abuse of power”.
The problem stems from the enacted Law No. 32735, which expanded the range of offenses classified as service-related crimes and established that proceedings cannot be conducted simultaneously before the ordinary and military police jurisdictions when they involve the same facts and individuals under investigation. This amendment has raised concerns about the potential transfer of investigations from the ordinary justice system to the military jurisdiction. As pointed out by a lawyer from the Legal Defense Institute (IDL): “What is going to happen now is that, if an investigation has already been opened within the military police jurisdiction, those under investigation will not go to the Divincri to testify, or they will remain silent, because they will say that they are subject to another investigation.”
The risk of impunity is increasing, since the military jurisdiction can only investigate service-related crimes. This minimizes the seriousness of the incident, removes the possibility of investigating offenses such as homicide and corruption in this case, and the investigation file opened by the military prosecutor’s office lists disobedience and abuse of command as the offenses under investigation. These carry a maximum sentence of five years, which, if a conviction is handed down, would be suspended.
This is an extremely sensitive case, as it involves the death of a minor, and it is one of the first cases to have been referred to the military justice system. According to Ojo Público, this was one of the cases at risk of being transferred to the military police tribunal following the enactment of the law, and more than 80 investigations remain in the same situation.
The Manchay case therefore represents an initial test of the effects of Law No. 32735 on investigations into possible human rights violations committed by state agents. Its effective transfer to the military jurisdiction could limit the determination of responsibility for ordinary criminal offenses and serves as an alert regarding the potential impact of the new legislation on other ongoing investigations.
A principios de septiembre de 2026, la Fiscalía de la Policía Militar n.º 6 inició una investigación preliminar sobre la muerte de un adolescente de 17 años mientras se encontraba bajo custodia policial en la comisaría de Manchay. El llamado caso Manchay ya estaba siendo investigado por el sistema de justicia ordinaria como un presunto homicidio, a cargo de la Segunda Fiscalía Corporativa Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Lucha contra el Terrorismo. La intervención de la jurisdicción militar pone en riesgo la continuidad de esta investigación, que ahora investiga el «abuso de poder».
El problema se deriva de la promulgada Ley N.º 32735, que amplió el alcance de los delitos clasificados como delitos de servicio y estableció que no se pueden llevar a cabo procedimientos simultáneamente ante las jurisdicciones de la policía ordinaria y militar cuando involucran los mismos hechos y las mismas personas investigadas. Esta modificación ha generado inquietudes sobre la posible transferencia de investigaciones del sistema de justicia ordinaria a la jurisdicción militar. Como señaló un abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL): «Lo que va a pasar ahora es que, si ya se ha abierto una investigación en el ámbito de la jurisdicción de la policía militar, los investigados no acudirán a la Divincri a declarar, o guardarán silencio, porque dirán que están sujetos a otra investigación».
El riesgo de impunidad va en aumento, ya que la jurisdicción militar solo puede investigar delitos relacionados con el servicio. Esto minimiza la gravedad del incidente, elimina la posibilidad de investigar delitos como el homicidio y la corrupción en este caso, y el expediente de investigación abierto por la fiscalía militar enumera la desobediencia y el abuso de mando como los delitos objeto de investigación. Estos conllevan una pena máxima de cinco años, la cual, en caso de una condena, sería suspendida.
Este es un caso extremadamente delicado, ya que involucra la muerte de un menor, y es uno de los primeros casos que se han remitido al sistema de justicia militar. Según Ojo Público, este fue uno de los casos en riesgo de ser transferidos al tribunal de la policía militar tras la promulgación de la ley, y más de 80 investigaciones permanecen en la misma situación.
Por lo tanto, el caso de Manchay representa una primera prueba de los efectos de la Ley N.º 32735 en las investigaciones sobre posibles violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Su transferencia efectiva a la jurisdicción militar podría limitar la determinación de la responsabilidad por delitos penales comunes y sirve como una alerta sobre el posible impacto de la nueva legislación en otras investigaciones en curso.