On 29 July 2026, Fabián Castillo, a farmer from the community of Uracillo, in the administrative district of Río Indio, Penonomé district, Coclé province, and a well-known opponent of the dams on the Río Indio, was arrested following a complaint lodged by the Panama Canal Authority (ACP) for allegedly disrupting peaceful coexistence. The arrest took place after he objected to the presence of ACP staff on his land. The following day, he was brought before a community judge in Las Marías, where local residents gathered to demand his release. The judge imposed a restraining order on him, prohibiting him from approaching places where ACP employees and contractors are present, including homes, farms and workplaces, and granted them special police protection. The restraining order warns that failure to comply will be punishable by imprisonment for between six months and two years, a measure that completely exceeds the jurisdiction of the community justice system under Law 467 of 2025, which only permits short-term detention commutable to fines or community service.
This incident could lead to dangerous systemic changes, as it establishes an abusive practice on the part of community justice systems, which are by nature ‘informal and simplistic’. They attempt to resolve socio-environmental conflicts of national significance for which they lack the necessary technical and legal expertise.
The threat of unlawful prison sentences by a community judge acts as a deterrent to environmental campaigners and farmers, thereby limiting the scope for legitimate protest and the defence of their rights. A precedent is being set whereby community justice is used to adjudicate national territorial disputes over which it has neither technical nor legal jurisdiction, which may have a negative impact on the civil society landscape at a national level.
El 29 de julio de 2026, Fabián Castillo, campesino de la comunidad de Uracillo, en el corregimiento de Río Indio del distrito de Penonomé, provincia de Coclé, y reconocido opositor a los embalses en el río Indio, fue detenido tras una denuncia presentada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por supuesta alteración de la convivencia pacífica. La detención ocurrió luego de que se opusiera a la presencia de personal de la ACP en sus tierras. Al día siguiente fue llevado ante un juez comunitario en Las Marías, donde los vecinos se reunieron para exigir su puesta en libertad. El juez le impuso una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a los lugares donde se encuentren empleados y contratistas de la ACP, incluyendo viviendas, explotaciones agrícolas y lugares de trabajo, y les concedió protección policial especial. La orden de alejamiento advierte de que su incumplimiento se castigará con penas de prisión de seis meses a dos años, una medida que excede por completo la competencia de la justicia comunitaria según la Ley 467 de 2025, que solo permite detenciones breves conmutables por multas o servicios comunitarios.
Este suceso puede generar peligrosos cambios sistémicos, ya que establece una práctica abusiva por parte de los sistemas de justicia comunitaria, que son de naturaleza «informal y simplista». Intentan resolver conflictos socioambientales de magnitud nacional para los que carecen de los conocimientos técnicos y jurídicos necesarios.
La amenaza de penas de prisión ilegales por parte de un juez comunitario tiene un efecto disuasorio sobre los defensores del medio ambiente y los agricultores, lo que limita el espacio para la protesta legítima y la defensa de sus derechos. Se sienta un precedente en el que la justicia comunitaria se utiliza para arbitrar disputas territoriales nacionales para las que no tiene competencia técnica ni jurídica, lo que puede afectar negativamente al entorno de la sociedad civil a nivel nacional.