On 31 July 2026, INAES Resolution No. 1556/2026 was published, through which the Argentine State moved from suspending to withdrawing the operating authorisation of a group of cooperatives that had remained suspended since the oversight process initiated in 2024. Under the Cooperatives Law, the withdrawal of operating authorisation constitutes grounds for the dissolution of the entity.
The measure represents a further step within a broader process that has altered the institutional conditions for establishing, sustaining and developing cooperatives, forms of collective economic organisation in which members engage in productive and service activities under a democratic governance structure. Since 2024, this process has been marked by the suspension of 7,873 cooperatives and 417 mutual associations, the requirement of a minimum of six members to establish certain cooperatives, which hinders small-scale collective organisation, a reduction in promotion and financing programmes and instruments, and increased administrative requirements.
These measures particularly affect organisations with more limited administrative and financial capacity, which are simultaneously facing a reduction in State support mechanisms and stronger oversight and sanctioning mechanisms. While the State has the authority to supervise compliance with legal obligations, the reduction in State support and the strengthening of oversight may make it more difficult for organisations to regularise their status and remain sustainable.
In this context, the withdrawal of operating authorisations contributes to a deterioration of the enabling environment for the cooperative sector and poses a risk of further contraction of a sector that provides a space for economic organisation and collective participation.
Escalamiento de las restricciones al sector cooperativo: debilitamiento de las políticas de promoción, suspensiones y retiro de autorizaciones para funcionar
El 31 de julio de 2026 se publicó la Resolución INAES N.º 1556/2026, mediante la cual el Estado argentino avanzó desde la suspensión hacia el retiro de la autorización para funcionar de un conjunto de cooperativas que permanecían suspendidas desde el proceso de fiscalización iniciado en 2024. De acuerdo con la Ley de Cooperativas, el retiro de la autorización constituye una causal de disolución de la entidad.
La medida representa un nuevo paso dentro de un proceso más amplio que ha modificado las condiciones institucionales para constituir, sostener y desarrollar organizaciones cooperativas, formas de organización económica colectiva en las que sus integrantes desarrollan actividades productivas y de servicios bajo una estructura de gestión democrática. Desde 2024, este proceso ha estado marcado por la suspensión de 7.873 cooperativas y 417 mutuales, la exigencia de un mínimo de seis integrantes para constituir determinadas cooperativas, lo que obstaculiza el asociativismo a pequeña escala, una reducción de programas e instrumentos de promoción y financiamiento, y un aumento de las exigencias administrativas.
Estas medidas afectan especialmente a organizaciones con menor capacidad administrativa y financiera, que enfrentan simultáneamente una reducción de los mecanismos estatales de acompañamiento y un fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización y sanción. Si bien el Estado tiene facultades para supervisar el cumplimiento de las obligaciones legales, la reducción del acompañamiento estatal y el fortalecimiento de la fiscalización pueden dificultar la regularización y sostenibilidad de las organizaciones.
En este sentido, el retiro de autorizaciones contribuye a un deterioro del ambiente habilitante para el sector cooperativo y plantea el riesgo de una mayor contracción de un sector que constituye un espacio de organización económica y participación colectiva.