On 21 July, Law No. 32735, the Law Amending the Military and Police Criminal Code (Legislative Decree No. 1094) and the New Criminal Procedure Code (Legislative Decree No. 957) was enacted. The law aims to clarify the definition of service-related offences, strengthen the role of the military and police, and establish sanctions for military and police personnel involved in criminal gangs or organizations.
Among the provisions that could adversely affect the enabling environment are the following:
- Any unlawful conduct committed by police officers or military personnel—including homicide, corruption, human rights violations, and property-related offences—in areas under a state of emergency may be tried by military courts.
- Human life is not a military legal interest protected under military jurisdiction. Homicide affects a general legal interest, and this does not change simply because the perpetrator used service weapons or exercised powers derived from official duties. Such circumstances may aggravate an ordinary criminal offence, but they do not transform it into a military one.
This law could facilitate impunity in cases involving human rights violations or acts of corruption committed in alignment with military or government superiors. It also revives associations between the military justice system and some of the darkest legacies of Peru’s authoritarian and corrupt governments. According to OjoPúblico, more than 80 ongoing investigations could be transferred to the military and police courts following the enactment of this law.
Following its publication, a press conference was held at the Lima Bar Association, convened by relatives of victims of human rights violations committed during the Internal Armed Conflict (1980–2000), the 2020 social protests, the 2022–2023 massacres, and cases of state violence in 2025–2026, together with the National Human Rights Coordinator (CNDDHH), to denounce legislation aimed at guaranteeing impunity. The CNDDHH and Amnesty International Peru have also publicly rejected this law and other related legislative initiatives. On 23 July, the “Plantón 50” demonstration was held outside the Palace of Justice, organised by the No + Impunidad (“No More Impunity”) collective.
In the legal arena, an opposition member of Congress has introduced a bill to repeal Law No. 32735 and has called on the newly elected members of Congress to reopen consideration of the proposal and give it priority during the next legislative session. Meanwhile, the Cusco Bar Association has filed a partial constitutional complaint before the Constitutional Court, seeking to have several provisions of the law declared unconstitutional.
El 21 de julio se promulgó la Ley n.º 32735, por la que se modifican el Código Penal Militar y Policial (Decreto Legislativo n.º 1094) y el Nuevo Código de Procedimiento Penal (Decreto Legislativo n.º 957). La ley tiene por objeto aclarar la definición de los delitos relacionados con el servicio, reforzar el papel de las fuerzas armadas y la policía, y establecer sanciones para el personal militar y policial implicado en bandas u organizaciones delictivas.
Entre las disposiciones que podrían afectar negativamente al entorno propicio se encuentran las siguientes:
- Cualquier conducta ilícita cometida por agentes de policía o personal militar —incluidos el homicidio, la corrupción, las violaciones de los derechos humanos y los delitos contra la propiedad— en zonas sometidas a un estado de emergencia podrá ser juzgada por tribunales militares.
- La vida humana no es un interés jurídico militar protegido por la jurisdicción militar. El homicidio afecta a un interés jurídico general, y esto no cambia por el mero hecho de que el autor haya utilizado armas de servicio o haya ejercido facultades derivadas de sus funciones oficiales. Dichas circunstancias pueden agravar un delito común, pero no lo transforman en un delito militar.
Esta ley podría facilitar la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos o actos de corrupción cometidos en connivencia con superiores militares o gubernamentales. Además, reaviva las asociaciones entre el sistema de justicia militar y algunos de los legados más oscuros de los gobiernos autoritarios y corruptos de Perú. Según OjoPúblico, más de 80 investigaciones en curso podrían ser transferidas a los tribunales militares y policiales tras la promulgación de esta ley.
Tras su publicación, se celebró una rueda de prensa en el Colegio de Abogados de Lima, convocada por familiares de víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas durante el Conflicto Armado Interno (1980-2000), las protestas sociales de 2020, las masacres de 2022-2023 y los casos de violencia de Estado de 2025-2026, junto con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), para denunciar una legislación destinada a garantizar la impunidad. El CNDDHH y Amnistía Internacional Perú también han rechazado públicamente esta ley y otras iniciativas legislativas relacionadas. El 23 de julio tuvo lugar la manifestación «Plantón 50» frente al Palacio de Justicia, organizada por el colectivo No + Impunidad («No más impunidad»).
En el ámbito jurídico, un diputado de la oposición ha presentado un proyecto de ley para derogar la Ley n.º 32735 y ha instado a los diputados recién elegidos a reabrir el debate sobre la propuesta y darle prioridad durante la próxima sesión legislativa. Por su parte, el Colegio de Abogados de Cusco ha presentado un recurso de inconstitucionalidad parcial ante el Tribunal Constitucional, con el fin de que se declaren inconstitucionales varias disposiciones de la ley.