On 11 June 2026, the Minister of Social Development and Family, María Jesús Wulf, announced during a panel discussion at the University of the Andes that the administration of President José Antonio Kast is considering a bill to require the use of the Clave Única as a means of accessing social media and digital platforms. The stated goal is to restrict minors’ access to these platforms by verifying their age without revealing their identity to technology companies.
The Clave Única, administered by Secretariat of Digital Government and used by more than 16 million Chileans to access nearly 1,700 public platforms, would act as an intermediary: it would inform the social media platform or the App Store whether the user meets the minimum age requirement. The initiative is part of a global trend toward regulating the digital world for children and adolescents, following in the footsteps of Australia, the United Kingdom, and Indonesia.
The announcement has sparked an intense debate, with some voices celebrating child protection and others warning of risks related to surveillance and the violation of fundamental rights.
El gobierno de Kast propone utilizar la Clave Única para acceder a las redes sociales
El 11 de junio de 2026, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, anunció durante un panel en la Universidad de los Andes que el gobierno del presidente José Antonio Kast está evaluando un proyecto de ley para exigir el uso de la Clave Única como mecanismo de acceso a las redes sociales y otras plataformas digitales. El objetivo declarado es restringir el acceso de niños, niñas y adolescentes a estas plataformas mediante la verificación de edad, sin revelar su identidad a las empresas tecnológicas.
La Clave Única, administrada por la Secretaría de Gobierno Digital y utilizada por más de 16 millones de personas en Chile para acceder a cerca de 1.700 plataformas públicas, actuaría como intermediaria: informaría a la red social o a la tienda de aplicaciones si el usuario cumple con la edad mínima requerida. La iniciativa forma parte de una tendencia internacional orientada a regular el entorno digital para proteger a niños, niñas y adolescentes, siguiendo ejemplos como los de Australia, el Reino Unido e Indonesia.
El anuncio ha generado un intenso debate. Mientras algunos sectores valoran la medida como un mecanismo para fortalecer la protección de la infancia, otros han advertido sobre los riesgos que podría implicar en materia de vigilancia estatal, privacidad y vulneración de derechos fundamentales.