On 25 June 2026, the Supreme Court of Justice of Argentina upheld the interim measure ordering the national government to comply without delay with Articles 5 and 6 of the University Financing Law. The ruling mandates the restoration of teaching salaries and the updating of student scholarships across the public university system, with the aim of reinstating budget levels from December 2023. It is estimated that salaries had lost between 25% and 30% of their purchasing power, while scholarship programmes such as Progresar had not been updated despite rising inflation.
The ruling brings to an end a prolonged institutional dispute between the Executive Branch and the public university system dating back to 2023, when fiscal adjustment policies significantly affected the funding of universities and scientific institutions. Although the law was passed by Congress in 2024, its implementation was repeatedly delayed by the Executive, leading the case to the Supreme Court.
This event constitutes a relevant precedent for the enabling environment, as it demonstrates the capacity of universities, trade unions, and civil society organisations to sustain a long-term institutional dispute and secure a high-level judicial ruling in response to a policy of budgetary restriction.
The decision contributes to ensuring access to and the sustainability of essential resources for the university system, and reinforces the requirement for the effective implementation of existing public policies. It also consolidates the role of the university system as a key actor in knowledge production and its link with civil society. However, the recovery of the system will depend on the implementation of the ruling and on the State’s responsibility to repair and reverse the accumulated deterioration over recent years.
La Corte Suprema de Justicia obliga al Gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario
El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ratificó la medida cautelar que ordena al Gobierno nacional cumplir sin demoras los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión dispone la recomposición de los salarios docentes y la actualización de las becas estudiantiles en todo el sistema de universidades públicas, con el objetivo de restituir los niveles presupuestarios de diciembre de 2023. Se estima que los salarios habían perdido entre un 25% y un 30% de su poder adquisitivo, mientras que programas de becas como Progresar no habían sido actualizados pese al aumento de la inflación.
El fallo pone fin a una disputa institucional prolongada entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario público desde 2023, cuando las políticas de ajuste fiscal impactaron fuertemente en el financiamiento de universidades y organismos científicos. Aunque la ley fue aprobada por el Congreso en 2024, su implementación fue reiteradamente demorada por el Ejecutivo, lo que llevó el caso hasta la Corte Suprema.
Este evento constituye un precedente relevante para el ambiente habilitante, al evidenciar la capacidad de universidades, sindicatos docentes y organizaciones sociales para sostener una disputa institucional de largo aliento y lograr un pronunciamiento judicial de alto nivel frente a una política de restricción presupuestaria.
La decisión contribuye a garantizar el acceso y la sostenibilidad de recursos esenciales para el sistema universitario, y refuerza la exigencia de una implementación efectiva de las políticas públicas vigentes. Asimismo, consolida el rol del sistema universitario como actor clave en la producción de conocimiento y su vínculo con la sociedad civil. No obstante, la recuperación del sistema dependerá de la ejecución del fallo y de la responsabilidad del Estado en reparar y revertir el deterioro acumulado en los últimos años.