On 23 June 2026, relatives and survivors of the so-called Caaguazú Case filed a criminal complaint with the Office of the Attorney General for alleged crimes against humanity committed in 1980 during the dictatorship of General Alfredo Stroessner (1954–1989). The complaint refers to a series of attacks against members of the Christian Agrarian Leagues perpetrated by police forces, the military, and paramilitary groups, according to historical documents and documented testimonies of survivors.
The events date back to 8 March 1980, when approximately 20 male and female peasants from the Acaraymí settlement, in Alto Paraná, were stopped at a police checkpoint while traveling to Asunción to carry out administrative procedures for the titling of land previously granted by the Institute for Rural Welfare (IBR). According to the complaint, those detained were subjected to arbitrary detention, torture, sexual violence, mutilation, and enforced disappearance. Ten men remain missing.
This initiative comes amid recent judicial developments related to crimes committed during the dictatorship, including the conviction of three former agents in February 2026 for acts of torture and the confirmation, in June 2026 by the Supreme Court of Justice, of a prior sentence against one of them. These developments are seen by victims and supporting organizations as momentum to advance new processes of truth, justice, and reparation, as well as to strengthen historical memory and accountability for serious human rights violations.
The criminal complaint is particularly significant in a context that continues to be characterized by contradictory narratives about the Stroessner dictatorship as well as ongoing land tenure conflicts, similar to the ones that gave rise to the demands of the Acaraymí peasants. The legal documentation of state violence through criminal complaints and convictions therefore not only serves to reduce impunity for these crimes, but also to counteract the normalization of repression and control that was commonplace during the dictatorship. Increased accountability and the consolidation of historical memory thus also enable civil society to continue resisting repression, including the persistent criminalization of indigenous and land rights activists, advance democratization, and protect the exercise of freedoms.
Nueva denuncia penal contra responsables de la dictadura de Stroessner impulsa la búsqueda de verdad y justicia
El 23 de junio de 2026, familiares y sobrevivientes del denominado Caso Caaguazú presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en 1980 durante la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner (1954–1989). La denuncia se refiere a una serie de ataques contra integrantes de las Ligas Agrarias Cristianas, perpetrados por fuerzas policiales, militares y grupos paramilitares, de acuerdo a documentos históricos y testimonios documentados de sobrevivientes.
Los hechos se remontan al 8 de marzo de 1980, cuando aproximadamente 20 campesinos y campesinas del asentamiento Acaraymí, en Alto Paraná, fueron interceptados en un retén policial mientras se dirigían a Asunción para realizar gestiones administrativas relacionadas con la titulación de tierras previamente adjudicadas por el Instituto de Bienestar Rural (IBR). Según la denuncia, las personas detenidas fueron sometidas a detención arbitraria, tortura, violencia sexual, mutilaciones y desaparición forzada. Diez hombres permanecen desaparecidos.
La iniciativa se produce en un contexto de recientes avances judiciales relacionados con crímenes cometidos durante la dictadura, entre ellos la condena, en febrero de 2026, de tres exagentes del régimen por hechos de tortura y la confirmación, en junio de 2026, por parte de la Corte Suprema de Justicia, de una sentencia previa contra uno de ellos. Estos avances son considerados por las víctimas y las organizaciones que acompañan la denuncia como un impulso para promover nuevos procesos de verdad, justicia y reparación, así como para fortalecer la memoria histórica y la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos.
La denuncia penal adquiere especial relevancia en un contexto en el que persisten narrativas contrapuestas sobre la dictadura de Stroessner, así como conflictos históricos relacionados con el acceso y la tenencia de la tierra, similares a los que dieron origen a las reivindicaciones de los campesinos de Acaraymí. En este sentido, la documentación de la violencia estatal mediante denuncias penales y condenas judiciales no solo contribuye a reducir la impunidad por estos crímenes, sino también a contrarrestar la normalización de la represión y el control que caracterizaron el régimen dictatorial. Asimismo, el avance en la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la memoria histórica crean condiciones más favorables para que la sociedad civil continúe promoviendo la verdad, la justicia y la reparación, enfrente la persistente criminalización de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas y de los derechos sobre la tierra, y contribuya a consolidar la democracia y el ejercicio de las libertades fundamentales.