Event Summary
On 22 January 2026, the Environmental Advocacy Centre (CIAM) detected that its bank funds had been frozen. After consulting with Banco General, it was confirmed that the Fifth Civil Liquidation Court had ordered the preventive seizure of its accounts. At the same time, the same court executed the seizure of properties belonging to the organisation Adopta Bosques Panamá. CIAM and Adopta Bosque Panamá are local leaders in environmental protection.
These measures are in response to a lawsuit for damages filed by the promoters of a project in the province of Chiriquí, who accuse the NGOs of an alleged ‘misinformation campaign’ that has caused economic losses. It should be noted that, in August 2025, the company had already filed a criminal complaint for slander and libel against both organisations. Although the lawsuit was filed on 27 January and is still pending admission, as of 4 February the organisations have not been formally notified, which prevents them from exercising their constitutional right to defence and legal representation in the proceedings.
On 5 February 2026, civil society actors held a press conference against the orders and practices. These legal actions are having an impact on society, encouraging self-censorship among other social actors who, for fear of facing legal reprisals, may refrain from exercising their right to participate and speak out publicly. As a result, democratic practice is eroded and citizen control over decisions that affect the collective interest is weakened.
Ordenan secuestro civil contra bienes de organizaciones defensoras del ambiente.El 22 de enero de 2026, el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) detectó la inmovilización de sus fondos bancarios. Tras consultar con Banco General, se confirmó que el Juzgado Quinto Liquidador Civil ordenó el secuestro preventivo de sus cuentas. Simultáneamente, el mismo juzgado ejecutó el secuestro de fincas pertenecientes a la organización Adopta Bosques Panamá. CIAM y Adopta Bosque Panamá son referentes locales en la protección del medio ambiente.Estas medidas responden a una demanda por daños y perjuicios interpuesta por los promotores de un proyecto en la provincia de Chiriquí, quienes acusan a las ONG de una supuesta “campaña de desinformación” que habría generado pérdidas económicas. Cabe destacar que, en agosto de 2025, la empresa ya había presentado querella penal por calumnia e injuria contra ambas organizaciones.A pesar de que la demanda fue presentada el 27 de enero y sigue en trámite de admisión, al 4 de febrero las organizaciones no han sido notificadas formalmente, lo que les impide ejercer su derecho constitucional a la defensa y a ser representada legalmente dentro del proceso.El día 5 de febrero se realizó conferencia de prensa para demostrar el rechazo de sociedad civil a este tipo de prácticas.Este tipo de acciones legales contra defensores de derechos humanos generan un efecto inhibidor en la sociedad, alentando la autocensura entre otros actores sociales que, ante el temor de enfrentar represalias judiciales, podrían abstenerse de ejercer su derecho a la participación y la denuncia pública. Como consecuencia, se erosiona el ejercicio democrático y se debilita el control ciudadano sobre las decisiones que afectan el interés colectivo.