En mayo de 2025, autoridades de la provincia de Córdoba anunciaron su intención de impulsar un nuevo proyecto de ley para regular las manifestaciones públicas y limitar los cortes de calle, luego de que la Cámara de Acusación sobreseyera a seis dirigentes sindicales y sociales por una protesta realizada en abril de 2023. El Ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, criticó abiertamente el fallo judicial, señalando que representaba un “retroceso” en el orden público y planteando la necesidad de establecer nuevos “límites tolerables” para la protesta.
Este proyecto de ley se enmarca en una tendencia nacional más amplia hacia la criminalización de la protesta social, reflejada también en la adopción del Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de Circulación (Resolución 943/2023) a nivel federal, y en el Decreto 340/2025 que amplía las actividades consideradas “esenciales” restringiendo el derecho de huelga.
Aunque la ley aún no ha sido aprobada, su avance legislativo genera preocupación entre organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, quienes advierten que su adopción podría vulnerar derechos constitucionales como la libertad de expresión, reunión pacífica y petición a las autoridades. Además, señalan que podría consolidar un marco de represión sistemática hacia los movimientos sociales.
Organizaciones locales ya han manifestado su oposición al proyecto y anunciaron que, de aprobarse, recurrirán al Tribunal Superior de Justicia de la provincia, y eventualmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por considerar que se trata de una amenaza estructural al entorno habilitante en Argentina.